Estados Unidos no sólo encarcela a más personas que cualquier otro país del mundo, sino que quienes buscan sacar provecho de los encarcelamientos masivos han logrado exprimir hasta el último centavo de todos los aspectos de la vida en prisión. Pero el viernes pasado, La Junta Penitenciaria de Texas aprobó reducir el costo de las llamadas telefónicas desde prisión, lo que hace que sea más asequible para las personas en prisión comunicarse con sus familias mientras están encarceladas. La junta redujo el costo de las llamadas telefónicas en 77%, bajando el precio por llamada a 6 centavos por minuto, en comparación con el precio anterior de 26 centavos por minuto. Los límites de tiempo de las llamadas telefónicas también se aumentaron de 20 minutos a 30 minutos. Este cambio es un salvavidas para las personas encarceladas y sus seres queridos. Los estudios muestran que un mayor contacto entre las personas en prisión y sus familias no sólo mejora la moral en la prisión, sino que también está vinculado a menores tasas de reincidencia.

Este cambio positivo de política en Texas mitiga las malas noticias que llegaron en 2017, cuando un tribunal federal puso fin a una Norma de la Comisión Federal de Comunicaciones de la era Obama que limitó el costo de todas las llamadas telefónicas desde prisión a 11 centavos.

A nivel nacional, corporaciones como Securus, Global Tel*Link y CenturyLink controlan más del 80 por ciento del negocio de telefonía en prisiones del país. Estas tres empresas han gastado millones de dólares en actividades de lobby y contribuciones políticas y ganan más de 1.200 millones de dólares al año con las llamadas telefónicas desde las prisiones. La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ha encontrado ejemplos de familias que pagan 17,30 dólares por una única llamada interestatal de 15 minutos.

Todo esto forma parte de la creciente conversación nacional sobre los derechos humanos de las personas encarceladas. En un esfuerzo por atraer más atención a estos temas, muchas personas en prisión están participando en una huelga de prisiones organizada que durará varias semanas. Esta huelga es en respuesta a un motín que tuvo lugar en abril de 2018 en la Institución Correccional Lee de Carolina del Sur. Siete personas encarceladas murieron durante la huelga, que exigía mejores condiciones de vida y una reforma penitenciaria. Se espera que la huelga dure hasta el 9 de septiembre de 2018., coincidiendo con el 47º aniversario de la rebelión de la prisión de Attica de 1971. Se espera que la huelga se extienda a 17 estados, incluidas prisiones federales, de inmigración y estatales. Las huelgas piden mejorar las condiciones de vida, poner fin a las sentencias severas y el derecho al voto de todas las personas encarceladas actualmente y anteriormente. entre otras cuestiones.

Para leer más sobre los impactos de la criminalización masiva y el encarcelamiento masivo, consulte el informe reciente de Common Cause La democracia tras las rejas