Donald Trump sabía que había perdido las elecciones de 2020, pero durante meses siguió intentando engatusar y coaccionar a los legisladores estatales y a los funcionarios electorales para que violaran sus juramentos de cargo y anularan las elecciones de 2020. Antes de soltar a insurrectos violentos en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero^El, envió turbas a las casas de los funcionarios electorales locales en un esfuerzo por intimidar a esos funcionarios para que violaran la ley y falsificaran los resultados electorales para entregarle una elección que perdió en las urnas.

Las pruebas presentadas hoy por el Comité del 6 de enero expusieron la fulminante campaña de presión que el entonces presidente Trump y sus secuaces libraron para intimidar a los funcionarios electorales y a sus familias. Estas personas que realizan el trabajo patriótico de dirigir nuestras elecciones enfrentaron amenazas de procesamiento penal y temieron por sus vidas: recibieron amenazas por teléfono, por correo electrónico e incluso de turbas reunidas afuera de sus hogares y oficinas.

Muchos de estos funcionarios electorales, traumatizados por el trato brutal que recibieron del expresidente y sus secuaces, han renunciado a sus puestos. Estos funcionarios públicos no hicieron nada para merecer este abuso, pero llevarán las cicatrices de ello durante el resto de sus vidas.

Son estos funcionarios los que hacen posible que cada uno de nosotros tenga voz en nuestra democracia. Estos estadounidenses merecen nuestro agradecimiento y nuestro elogio, y merecen la protección de la nación a la que sirven.