Declaración de Annastacia Belladonna-Carrera, directora ejecutiva de Common Cause Minnesota

George Floyd debería estar vivo hoy. Un veredicto simplemente indica el debido proceso, algo que al Sr. Floyd y a otros en Minnesota se les ha negado después de una interacción básica con la policía. La verdadera justicia para George Floyd y su familia proviene de impulsar reformas policiales de sentido común para que lo que le sucedió al Sr. Floyd no vuelva a suceder. Solo las personas unidas por el cambio pueden implementar las reformas necesarias en nuestro estado. Los legisladores de Minnesota tuvieron recientemente la oportunidad de hacer que la policía rindiera cuentas con sentido común, pero el Senado no actuó. El gobernador Walz, Melissa Hortman, presidenta de la Cámara de Representantes, y Paul Gazelka, líder de la mayoría del Senado, deben poner las reformas policiales entre sus principales prioridades mientras se reúnen a puertas cerradas para negociar proyectos de ley. La gente de Minnesota merece algo mejor, y nosotros, la gente, continuaremos exigiendo con razón derechos humanos, rendición de cuentas, cambio y justicia para todos los habitantes de Minnesota. 

Declaración de Karen Hobert Flynn, presidenta de Common Cause

La condena que se dio hoy al ex policía de Minneapolis Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd es un pequeño paso, pero todavía queda mucho por hacer para abordar el racismo subyacente, la brutalidad policial y la falta de responsabilidad policial que se esconden detrás de todo ello. La condena representa rendición de cuentas, pero no justicia.

El asesinato de George Floyd debe servir como un catalizador más para generar un cambio sistémico y desmantelar la supremacía blanca que impulsa la actuación policial letal en Estados Unidos.

A raíz de esta condena, todavía queda mucho por hacer para lograr la igualdad de justicia para los estadounidenses negros. La brutalidad policial desenfrenada sigue cobrándose la vida de demasiadas personas negras y latinas y hay que ponerle fin.

Sin embargo, en algunos estados, los legisladores no sólo se niegan a tomar medidas para abordar esta crisis mortal, sino que, en cambio, están aprobando leyes que criminalizan las protestas pacíficas. Esto no puede quedar sin respuesta.

Como nación, debemos reconocer el racismo sistémico que ha estado arraigado en la estructura de nuestra nación desde su fundación. Debemos combatir el racismo dondequiera que exista: en nuestras comunidades, en las urnas, en nuestro sistema de justicia y en nuestros órganos legislativos.

Los estadounidenses blancos no comprenden plenamente el miedo, el horror y la ansiedad que sienten los negros y los latinos todos los días en sus vidas cotidianas. La actuación policial refleja con demasiada frecuencia un doble rasero, y la gente de color sigue muriendo a manos de los agentes del orden en cantidades absolutamente inaceptables. Este trágico patrón debe terminar ya.

Sin desanimarnos, debemos construir una democracia real en la que todas las personas puedan sentirse seguras, prosperar y tener voz. Debemos seguir trabajando para establecer un país en el que la justicia igualitaria ante la ley sea una realidad para todos y no una imposibilidad para las personas negras, morenas e indígenas.

Declaración de Keshia Morris Desir, directora del proyecto de censo y encarcelamiento masivo de Common Cause

El asesinato trágico, brutal e innecesario de George Floyd es uno de una serie aparentemente interminable. El asesinato de Daunte Wright, abatido a tiros hace apenas unos días durante una parada de tráfico en un suburbio de Minneapolis, y los asesinatos de Breonna Taylor, Adam Toledo, Alton Sterling, Freddie Gray, Tamir Rice, Trayvon Martin y otros innumerables estadounidenses negros y latinos deben impulsar a nuestra nación a promulgar reformas serias y duraderas. Es vital que el Congreso comience por promulgar reformas que se han debido hacer desde hace mucho tiempo, aprobando la Ley de Justicia en la Policía George Floyd.

Common Cause apoya firmemente esta legislación que crearía un estándar nacional de uso de la fuerza, prohibiría las órdenes de allanamiento sin previo aviso por delitos relacionados con drogas y prohibiría las llaves de estrangulamiento y la elaboración de perfiles policiales. Además, pondría fin a la inmunidad calificada, facilitaría el procesamiento de agentes de policía por mala conducta y establecería un registro nacional de mala conducta policial. El proyecto de ley también pondría fin a la transferencia de cierto equipo militar que ha llevado a la militarización de muchos departamentos de policía.

Estas reformas de sentido común pueden empezar a generar cambios sustanciales y frenar la oleada de racismo y brutalidad policial en nuestro país. Queda mucho por hacer, pero esta legislación representa un primer paso.