¿Ha notado usted la oleada de “escándalos en los capitolios estatales” en todo el Sur últimamente?

En Virginia, un exgobernador que en su día fue considerado como un posible candidato nacional se enfrenta a una pena de prisión tras ser condenado por cargos de corrupción. En Tennessee, un legislador ha sido expulsado de un complejo de oficinas estatales tras acusaciones de que había tenido contacto físico inapropiado con funcionarios del gobierno. En Carolina del Sur, el presidente de la Cámara de Representantes ha sido condenado y obligado a dejar el cargo y hay informes persistentes de una amplia investigación de corrupción que involucra a varios legisladores estatales. Y en Alabama, el gobernador está luchando contra los pedidos de su dimisión o destitución tras la filtración de cintas de sus salaces conversaciones telefónicas con un ex alto colaborador.

Los escándalos, presentados en Un segmento de Fox News que se emitió el sábado, son un triste recordatorio de lo que suele ocurrir cuando el poder político no tiene ningún control y quienes lo ostentan se sienten libres de poner la ideología o los intereses privados por delante del interés común y el bien público. El dinero, el poder y la influencia son una mezcla tóxica que da a algunos políticos la sensación de estar por encima de la ley o de ser intocables en un “escaño seguro” que rara vez ve competencia.

Cuando los funcionarios electos empiezan a olvidar que deben rendir cuentas a los ciudadanos que los pusieron en el cargo, tenemos un problema. Una reforma ética basada en el sentido común ayuda a garantizar que nuestra democracia funcione como se supone que debe hacerlo, creando un entorno político en el que todos participen, tengan voz, sepan quién está tratando de influir en nuestras opiniones y en nuestros representantes, jueguen limpio y rindan cuentas.   

¿Cómo lo lograremos? En Georgia y otros estados, Common Cause está esforzándose por restablecer la confianza pública en el gobierno elevando los estándares éticos para los funcionarios públicos. Estamos impulsando reformas que generen mayor transparencia en términos de gasto político, establezcan límites razonables a la cantidad de dinero y otros artículos de valor que los candidatos y funcionarios electos pueden aceptar, y establezcan mecanismos de cumplimiento razonables para disuadir el mal comportamiento.

También estamos impulsando sistemas de financiación de campañas que combinan pequeñas contribuciones de campaña de personas individuales con subvenciones de fondos públicos para permitir que los candidatos compitan en las elecciones sin depender de grandes sumas de dinero. Y estamos impulsando una serie de medidas para eliminar los obstáculos a la votación ampliando los horarios de votación y añadiendo lugares de votación, así como registrando automáticamente a los ciudadanos en línea o cuando solicitan licencias de conducir y otros servicios estatales.