TALLAHASSEE, Florida. – Ayer, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, convirtió en ley el Proyecto de Ley Senatorial 4B (SB 4B), una expansión innecesaria y dañina de la autoridad de la Oficina del Fiscal Estatal (“OSP”) para investigar y procesar ciertos delitos relacionados con la votación, las actividades de petición y el registro de votantes.

La SB 4B se presentó rápidamente y se convirtió en ley después de que varios tribunales de Florida concluyeran que la OSP carecía de la autoridad para procesar a algunas de las 20 personas con condenas pasadas que fueron arrestadas en agosto pasado, después de investigaciones de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad, por lo que parecen ser errores honestos sobre su elegibilidad para votarEn lugar de arreglar el complejo e inmanejable sistema de Florida para que las personas con condenas por delitos graves anteriores determinen su elegibilidad para votar, esta nueva ley le da al gobernador DeSantis y a sus aliados políticos más autoridad para procesar presuntas faltas de conducta electoral que un fiscal local podría no estar dispuesto a procesar porque la evidencia no demuestra que un individuo haya violado la ley deliberadamente.

Una coalición de grupos no partidistas de derechos civiles y electorales, entre ellos NAACP Florida, ACLU of Florida, Common Cause Florida, All Voting is Local Action, Latino Justice PRLDEF, League of Women Voters of Florida, Legal Defense Fund y Brennan Center for Justice at NYU Law firmaron testimonio conjunto oponiéndose al proyecto de ley.

La NAACP de Florida, la ACLU de Florida, Common Cause Florida, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, el Fondo de Defensa Legal y el Centro Brennan para la Justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York respondieron a la firma de ayer con la siguiente declaración:

“Ante las derrotas en los tribunales, el gobernador Ron DeSantis y la legislatura de Florida han decidido cambiar las reglas ellos mismos. La firma de ayer marca un nuevo mínimo, con una mayoría de legisladores estatales, a pesar de los argumentos convincentes en contra del proyecto de ley por parte de la minoría, otorgando a DeSantis y su administración más autoridad para procesar a los floridanos con condenas pasadas que han cometido errores honestos sobre su elegibilidad para votar. No son los votantes los que tienen la culpa. Es el estado de Florida el que creó este problema en reacción a la aprobación de la Enmienda 4 por parte de los votantes. La administración DeSantis y la legislatura estatal hicieron que fuera casi imposible para las personas con condenas pasadas determinar su elegibilidad para votar y el estado continúa negándose a proporcionar cualquier orientación significativa para garantizar que estos floridanos puedan averiguar si son elegibles para votar.

“En cambio, los líderes estatales han redoblado su infructuosa búsqueda de fraude electoral generalizado, que no existe, como lo demuestran los propios datos de la Oficina de Delitos Electorales y Seguridad. Esta nueva ley apunta injustamente a los votantes con condenas previas, en particular a los floridanos negros, que se han visto afectados desproporcionadamente por los procesos judiciales dirigidos por la Administración DeSantis.

“Estamos profundamente preocupados por las consecuencias: la ley solo intimidará aún más a los votantes negros y latinos, correrá el riesgo de que se sigan procesando a los floridanos con condenas pasadas por su incapacidad para navegar en un sistema difícil de navegar para determinar su elegibilidad para votar y privará a los votantes elegibles con condenas pasadas de participar en nuestra democracia”.