Hoy, Common Cause Indiana y varios votantes registrados en el condado de Saint Joseph – Mary Frederick, John Justin Collier, William Marks Jr. y Minnie Lee Clark – presentó demanda contra la Secretaria de Estado Connie Lawson y miembros de la Junta Electoral del Condado de St. Joseph por rechazar de plano sus papeletas de voto en ausencia con supuestas discrepancias en las firmas, en violación de su debido proceso y sus derechos de igualdad de protección bajo la constitución federal.

Según las leyes de Indiana, que son constitucionalmente defectuosas, las firmas en los sobres de las papeletas de voto ausente son revisadas y consideradas como compatibles (o no) con otras firmas registradas por los funcionarios electorales del condado. Los contadores de papeletas de voto ausente no reciben capacitación, ni estándares ni regulaciones que seguir al evaluar las firmas. Tampoco están conectados con expertos en escritura a mano. Las firmas individuales pueden variar por varias razones (entre ellas, la edad, la discapacidad y el dominio limitado del inglés), pero Indiana no brinda capacitación a los administradores electorales en análisis de escritura a mano. Por lo tanto, estos funcionarios electorales no tienen experiencia ni pueden determinar con un grado razonable de precisión si una firma presentada es "genuina" o no. Como resultado de las leyes constitucionalmente defectuosas de Indiana, cientos de papeletas de voto ausente enviadas por correo en las elecciones generales de 2018 fueron invalidadas, y estos votantes elegibles fueron privados de sus derechos sin culpa propia.

Además, a estos votantes no se les notificó el problema de las firmas ni se les dio la oportunidad de confirmar su firma para que se contara su voto válido. Si se hubieran implementado las garantías procesales exigidas por la Constitución, los funcionarios electorales del condado no habrían rechazado cientos de votos en ausencia enviados por correo en las últimas elecciones, así como en elecciones anteriores. Esos votos se pierden para siempre, pero las soluciones que exigen que Indiana se ajuste a los requisitos constitucionales federales pueden garantizar que las voces de los ciudadanos elegibles no queden desatendidas en futuras elecciones.

“Miles de votantes de Indiana han visto sus papeletas rechazadas por funcionarios electorales y nunca se les notificó que sus votos no habían sido contabilizados”, dijo Julia Vaughn, directora de políticas de Common Cause Indiana. “Es posible que algunos votantes hayan visto sus papeletas rechazadas durante años bajo este sistema defectuoso, y los funcionarios estatales y del condado nunca se han molestado en decirles a esos votantes que han sido privados de sus derechos a través de este sistema injusto y antidemocrático”.

“Nuestros votos son nuestra voz en nuestro gobierno, pero este sistema ha despojado a demasiados ciudadanos de su derecho a elegir a sus representantes electos”, dijo la presidenta de Common Cause, Karen Hobert Flynn. “Este sistema tiene fallas profundas y confiamos en que el tribunal se pondrá del lado de los votantes que fueron privados de sus derechos de manera errónea e inconsciente y pondrá fin a este sistema inconstitucional y antidemocrático de una vez por todas”.

A lo largo de los años, se han perdido miles de votos debido al proceso irregular de Indiana. Nuestra acción de hoy busca evitar que esto siga sucediendo a los votantes que ejerzan su derecho a votar por correo en el futuro.

Para garantizar que se cuenten todos los votos emitidos, los demandantes buscan una orden judicial preliminar y permanente que impida que se siga aplicando la ley actual. Tribunales de todo el país han concedido una reparación en forma de debido proceso en casos similares. Common Cause Indiana y los demandantes individuales buscan un resultado favorable similar en este caso.

Los demandantes están representados por William R. Groth y David T. Vlink de Fillenwarth Dennerline Groth & Towe, LLC, y Mark Sniderman de Findling Park Conyers Woody & Sniderman, PC.

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