Legislación
Ley de Derechos Electorales de Maryland (MDVRA)
Todo estadounidense elegible quiere –y debe– tener voz y voto a la hora de decidir qué personas y políticas determinarán el futuro de nuestras familias, nuestra comunidad y nuestro país.
En un momento en que demasiados votantes elegibles son rechazados injustamente de las urnas –o simplemente no tienen acceso a ellas– debemos volver a dedicarnos a aumentar la participación entre los votantes elegibles.
¿Qué es la Ley de Derechos Electorales de Maryland (MDVRA)?
Esta legislación histórica se basa en la Ley de Derechos Electorales federal para codificar protecciones para votantes negros, indígenas y otros votantes de color a nivel estatal, asegurando el derecho de todos los residentes elegibles de Maryland a emitir su voto independientemente de cualquier acción tomada por la Corte Suprema de los EE. UU.
La Ley de Derechos Electorales de Maryland...
Autoriza la preautorización
En lugar de que los votantes tengan que demostrar que las nuevas leyes electorales son discriminatorias, las jurisdicciones que tienen un historial de discriminación electoral necesitarían tener cambios electorales “preautorizados” por el Fiscal General de Maryland o un tribunal para demostrar que los nuevos sistemas no perjudicarán a los votantes minoritarios.
Prohíbe la negación y dilución del voto
La legislación proporciona un marco para descubrir y disipar la dilución de votantes y las barreras que niegan las oportunidades de voto de una manera que sea rentable tanto para los votantes como para los gobiernos locales en Maryland.
Proporciona acceso al idioma
La MDVRA exige que los gobiernos locales garanticen que quienes no hablan inglés no se queden atrás en el proceso de votación. Esta sección exige que en una localidad con una población del 2 por ciento o más de una minoría lingüística, el gobierno local o la junta electoral proporcionen material electoral en ese idioma.
Detiene la intimidación de los votantes
La MDVRA otorga a los habitantes de Maryland el derecho a presentar demandas para impugnar la intimidación, el engaño o la obstrucción de los votantes. Reforzar este derecho es más importante ahora que nunca, dados los recientes intentos de actores maliciosos de avivar el miedo, difundir desinformación y bloquear el acceso a las urnas.
