Nuestro gobierno solo puede funcionar cuando el público puede mantenerse informado y exigir cuentas a sus líderes. Ahí es donde entra en juego la Ley de Libertad de Información (FOIA), que permite a las personas solicitar al gobierno registros sobre sus acciones. 

Sin embargo, las leyes actuales de la FOIA en Michigan no son lo suficientemente estrictas. De hecho, Michigan se ha clasificado constantemente entre los 5 estados con peores índices de ética y transparencia. 

Los habitantes de Michigan merecen algo mejor. 

Hay muchos ejemplos de que la FOIA no funciona en Michigan: desde agencias gubernamentales que dificultan la obtención de información importante hasta tarifas elevadas para las solicitudes, pasando por agencias que tardan meses en responder o denegar solicitudes FOIA sin una buena razón.

• Recientemente, la Fundación Legal del Centro Mackinac demandó a la Corporación de Desarrollo Económico de Michigan (MEDC), alegando que sus solicitudes FOIA fueron redirigidas o ignoradas repetidamente durante más de un año.
• En 2022, se informó que a los padres de Rochester se les facturó $173,000 por una solicitud FOIA a su distrito escolar para que divulgaran información que se recopiló sobre ellos individualmente.

Una brecha importante

La Oficina Ejecutiva del Gobernador de Michigan y los legisladores estatales están actualmente exentos de las leyes de la FOIA. Esto significa que no se puede acceder a sus comunicaciones ni a sus registros mediante solicitudes de registros públicos. Michigan es uno de los dos únicos estados donde esto sucede.

• En 2019, cuando se realizó una solicitud FOIA para las comunicaciones de la oficina del gobernador con respecto a la crisis del agua de Flint, los registros fueron denegados porque la oficina del gobernador actualmente está exenta bajo la FOIA. 
• El expresidente republicano de la Cámara de Representantes, Rick Johnson, fue condenado por aceptar sobornos de cabilderos cuando presidía la antigua junta de licencias de marihuana medicinal de Michigan. Esto pasó desapercibido inicialmente debido a una laguna legal que se aprovechó para evitar que los intereses financieros se sometieran a la Ley de Libertad de Información (FOIA).

Esta falta de transparencia hace más difícil para los organismos de control ciudadano, los periodistas y la gente común exigir cuentas a los funcionarios electos por sus decisiones y detectar conflictos de intereses de manera temprana.

Para que el gobierno sea más abierto y transparente, Michigan necesita leyes de FOIA más estrictas. Esto implica respuestas más rápidas, menos denegaciones y normas más claras sobre qué información se puede compartir, incluyendo la rendición de cuentas de todos los funcionarios públicos, y significa garantizar que nuestros funcionarios electos y las personas en el poder estén sujetos a la FOIA.