En 2002, Carolina del Norte se convirtió en el primer estado del país en promulgar un programa de financiación pública de las campañas electorales para las elecciones judiciales. El programa redujo drásticamente la cantidad de dinero de intereses especiales en las elecciones judiciales estatales y permitió que los candidatos judiciales dedicaran más tiempo a comunicarse con los votantes, en lugar de hacerlo con donantes adinerados.

Pero en 2013, la legislatura derogó repentinamente este programa tan exitoso, yendo en contra de la voluntad de los votantes de Carolina del Norte y de la comunidad judicial.

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