Common Cause presenta demanda para incluir a las comunidades de color de Texas en el proceso de redistribución de distritos.

Resumen del caso

Common Cause Texas, junto con aliados de Fair Maps en todo el estado, son parte en una demanda que alega que los nuevos planes de distritos legislativos y congresuales estatales de Texas son manipulaciones raciales que diluirían deliberadamente las voces políticas de las comunidades de color en todo el estado, especialmente los votantes negros, latinos y asiático-americanos e isleños del Pacífico (AAPI). Nuestra demanda sostiene que estos mapas violan tanto la Ley de Derechos Electorales (VRA) como la Constitución de los EE. UU., y deberían reemplazarse con nuevos mapas que distribuyan el poder político de manera más equitativa.

El plan de redistribución de distritos de Texas presenta deficiencias en varias áreas: no crea distritos de coalición y divide a los votantes de color en distritos diferentes para diluir su poder de voto. Además, el proceso de redistribución de distritos se llevó a cabo de manera inequitativa, con una falta general de transparencia en lo que respecta a las audiencias públicas y oportunidades limitadas para que el público pudiera hacer aportes significativos.

Esta intervención es necesaria para dar a la diversa población de Texas una voz política justa durante la próxima década. Las comunidades BIPOC representan la población de más rápido crecimiento del estado. Si estos mapas se mantienen, miles de tejanos corren el riesgo de que sus voces sean silenciadas y sus preocupaciones ignoradas.

Los políticos interesados han abusado del proceso de redistribución de distritos de esta manera durante demasiado tiempo, por lo que estamos llevando al gobernador Greg Abbott y al secretario de estado John Scott a los tribunales para que anulen sus mapas de distritos intencionalmente discriminatorios. Nuestros socios en esta demanda incluyen a otros miembros del Comité de Acción de Texas de Fair Maps, OCA-Greater Houston, el Capítulo del Norte de Texas de la Asociación de Asuntos Públicos de los Estadounidenses de las Islas del Pacífico Asiático, Emgage y 13 personas, así como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas, la Coalición Sureña para la Justicia Social (SCSJ) y el Fondo de Educación y Defensa Legal de los Estadounidenses de las Islas del Pacífico Asiático (AALDEF).

Documentos del caso