*Testimonio entregado ante el Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes en oposición al Proyecto de Ley 9 del Senado

Mi nombre es Amanda Gnaedinger. Estoy aquí en representación de Common Cause Texas y testifico en contra del Proyecto de Ley 9 del Senado.

La SB9 no aborda los problemas reales que enfrentan todos los días los tejanos cuando participan en las elecciones y, de hecho, exacerba los problemas electorales más urgentes.

La SB 9 sigue la preocupante tendencia de criminalizar la participación legítima en las elecciones y

actividades electoralesGrandes partes de este proyecto de ley crean y aumentan las sanciones. En la práctica, la SB 9 hace más por desalentar la participación en las elecciones de lo que podría hacer por promover la integridad electoral.

En particular, la Sección 1.06 elimina por completo el propósito de emitir un voto provisional al crear un temor a la responsabilidad penal. La tensión entre las secciones (d) y (e) de la 1.06 refleja las demandas contra la participación pública. Esta disposición prácticamente permitiría que se presentaran demandas contra cualquier votante que emita un voto provisional. El votante debe demostrar afirmativamente que votó provisionalmente para liberarse de la responsabilidad penal. Este tipo de demanda estratégica está diseñada para frenar la participación en deberes cívicos importantes. La mayoría de los tejanos no tienen los recursos ni el conocimiento legal para desestimar rápidamente un caso presentado en su contra y, de hecho, muchos probablemente resolverían una disputa fuera de los tribunales a pesar de que no haya ninguna infracción. Simplemente no hay una buena manera de remediar esta disposición de la SB 9 sin eliminarla por completo.

La SB9 disuelve la confianza pública en la integridad electoral al permitir el acceso irrestricto a las listas de votantes de nuestro estado a la OAG. Nuestro Procurador General presumió la culpabilidad de casi 100.000 votantes legales tan solo este año. Nos oponemos al acceso sin restricciones al padrón electoral de nuestro estado sin una causa justa o siquiera remotamente razonable para un procesamiento. Todos los votantes registrados en el estado corren el riesgo de recibir acusaciones infundadas, ya que es evidente que la comunicación entre las agencias del estado y nuestras propias listas de votantes está plagada de errores administrativos, humanos y de datos. Esta peligrosa invasión de la privacidad por parte de una agencia autorizada para presentar cargos penales es similar a ponerle gafas de sol a un agente de policía y ordenarle que esté atento a los delitos en una habitación oscura sin ventanas.

Por último, el proyecto de ley permite el rechazo de solicitudes de registro de votantes que estén “premarcadas”. Si esta disposición entrara en vigor, las tarjetas de inscripción de electores rellenadas e impresas desde el propio sitio web del Secretario de Estado podrían ser rechazadas de inmediato. No hay forma de que un registrador de electores tenga conocimiento real de cómo se rellenó una tarjeta sin estar presente en el momento en que se rellenó. Esta es la razón por la que los inscritos deben indicar en el propio formulario que, según su conocimiento, la tarjeta se rellenó correctamente.

Les insto a que se unan a mí en la oposición al Proyecto de Ley 9 del Senado.